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  • Mayo 2017Nº 488
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Política científica

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La fuga de cerebros, tergiversada

El Gobierno español considera diplomáticos a los científicos que vivimos exiliados.

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Nunca me he considerado una diplomática, así que me llevé una sorpresa cuando, hace poco, el Gobierno español me etiquetó como tal. Antes, los emigrantes científicos como yo, obligados a marcharnos de España a causa de las penosas circunstancias de la investigación en nuestro país, oficialmente no existíamos. Se decía que éramos una «leyenda urbana». Ahora me entero de que no solo soy real, sino que, además, formo parte de una deliberada e ingeniosa estrategia del Gobierno consistente en enviar científicos al extranjero para afianzar la colaboración internacional y fortalecer, no debilitar, la ciencia española.

Esta «posverdad» se presenta en un artículo publicado el pasado febrero en la revista Science & Diplomacy. En él se explica que el Gobierno español recluta a científicos emigrantes «para que sirvan de aliados fundamentales». Mientras países como EE.UU. recortan gastos en diplomacia científica, España alardea sobre cómo los investigadores que han tenido que salir al extranjero forman ahora parte de su campaña para «consolidar su presencia científica en países estratégicos».

Pensaba que estaba presenciando una fuga de cerebros al ver a los científicos españoles, indignados y desesperados, abandonar nuestro país. Sin embargo, según los funcionarios del Gobierno, ese flujo unidireccional de talentos forma parte de una «circulación de cerebros» con repercusiones positivas para todos. Esos científicos se han desarraigado y han dejado a sus familias como consecuencia de unos graves y nefastos recortes en la capacidad investigadora del país. Presentar, engañosamente, su decisión como parte de una estrategia deliberada de España para «reforzar su diplomacia científica» en el extranjero es insultante y cruel.

La fuga de cerebros que el Gobierno trata de ocultar afecta a todos los científicos. Los recortes en inversión pública han restringido las oportunidades de obtener becas y empleo y han dejado a las instituciones al borde de la quiebra. Es difícil estimar cuántos científicos han abandonado el país, pero, según el Instituto Nacional de Estadística, entre 2010 (cuando comenzaron los recortes) y 2013 se perdieron 11.000 personas dedicadas a la investigación.

Y la tergiversación va más allá. Según el artículo, España está estratégicamente «integrando las prioridades del plan nacional de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) en la política exterior española» para poderse «aprovechar del talento nacional, allí donde esté, y explorar fórmulas flexibles para permitir que el conocimiento resultante beneficie al país». En otras palabras, los políticos españoles tratan de atribuirse el mérito de la ciencia realizada y financiada en el extranjero, y la proclaman «Made in Spain».

El artículo también afirma que «España necesita promover una cultura científica en la política pública dentro de los poderes legislativo y ejecutivo». Y como primer paso, menciona su iniciativa para incluir «científicos en misiones diplomáticas», como en Londres y Berlín. España carece de un consejo científico asesor de alto nivel políticamente independiente (exigido desde hace tiempo por la comunidad científica). Es absurdo que lo mejor que pueda ofrecer el Gobierno consista en colocar asesores científicos en embajadas, lejos del centro de toma de decisiones en Madrid. Así que existe cierta verdad subyacente en el artículo de Science & Diplomacy: a este paso, la ciencia española podría terminar convirtiéndose en una cuestión únicamente tratada en el marco de la política exterior.

La posverdad en la política científica española no se limita a la fuga de cerebros. A mediados de febrero, los jóvenes investigadores españoles quedaron consternados al ver que las condiciones de sus contratos cambiaron de forma retroactiva hasta el año 2013. Oficialmente, dejaban de prestar un servicio de investigación (una concesión que a duras penas se consiguió incluir en la legislación en 2011 y que ofrecía más beneficios). Se trata de los contratos más comunes en el nivel inicial y hay unos 10.000 investigadores afectados. El cambio implicaba que sus actividades investigadoras no se clasificaban como trabajo; además, se consideraba que sus antiguos contratos nunca existieron. El Gobierno afirmaba que los científicos no se verían perjudicados. Los expertos en asuntos laborales discrepaban. El Gobierno finalmente se ha retractado.

Pero dejemos a un lado las posverdades. La realidad es que el contexto de la investigación en España es preocupante. En marzo presenciamos el desmantelamiento de Abengoa Research, el buque insignia del sector privado español en I+D, el mayor laboratorio nacional en investigación básica de energías renovables y líder mundial en el campo. Su cierre es sintomático: la inversión pública en I+D atrae la privada, y esta no florece si la primera se marchita.

Los investigadores españoles deben encontrar de nuevo su voz. Deben exigir de sus políticos iniciativas sólidas, respaldadas por una financiación continuada, que hagan frente urgentemente al estado crítico de la ciencia en España. El momento de ser diplomáticos hace tiempo que pasó.

 

[Artículo original publicado en Nature, vol. 543, pág. 289, marzo de 2017. Traducido con el permiso de Macmillan Publishers Ltd. © 2017]

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