El clorpirifós forma parte de la familia de plaguicidas organofosforados. Los primeros ejemplos de esta familia fueron desarrollados por científicos de la empresa química alemana IG Farben durante la II Guerra Mundial. Fueron inicialmente concebidos para ser empleados como gases de guerra química debido a su alta toxicidad para el sistema nervioso. Los primeros fueron los infames productos llamados "tabún" y "sarín", cuya producción comenzó en a finales de la década de 1930, y todavía siguen siendo empleados en atrocidades de todo tipo, tanto en atentados como en la guerra química desarrollada ilegalmente por gobiernos desalmados. Más detalles acerca de la historia de estos y otros plaguicidas pueden encontrarse aquí: [+]

 

Gerhard Schrader, descubridor del gas sarín, en su laboratorio de IG FarbenComo en otros casos, los usos bélicos precedieron a su empleo como plaguicidas en la década de 1940 y 1950, cuando se popularizó el paratión, uno los organofosforados más tóxicos los trabajadores agrícolas. A diferencia de los plaguicidas organoclorados como el DDT, que eran contaminantes persistentes, muchos productos organofosforados se hidrolizaban y degradaban rápidamente, por lo que se pensó que presentaría menores riesgos para intoxicaciones alimentarias (dejaba pocos residuos en frutas y verduras) y para la contaminación a largo plazo de ríos y suelos. Sin embargo, varios estudios realizados ya en las décadas de 1950 y 1960, confirmaron que los organofosfatos eran productos muy peligrosos para trabajadores agrícolas y comunidades rurales, porque causaban la inhibición de las colinesterasas, unas enzimas implicadas en la síntesis de conectores neuronales. Las consecuencias clínicas se podían constatar en serios problemas en el funcionamiento del sistema neurológico. De este modo, bajo estas suposiciones, los plaguicidas organofosforados eran una forma de desplazar el riesgo en trabajadores temporales y migrantes, con escasas posibilidades de realizar acciones colectivas o de que sus demandas de seguridad laboral fueran atendidas. Muchos de las muertes no fueron ni siquiera contabilizadas, tal y como ocurrió con Ramón González, un campesino mixteca que trabajó en el valle del Culiacán en México, donde se emplearon con intensidad este tipo de productos. Sin un sistema de recopilación de datos epidemiológicos, y ante la falta de controles médicos, las causas de su muerte no fueron nunca completamente aclaradas, ni siquiera investigadas con detalle. Su trágico destino, que desvela la violencia invisible contra tantas otras víctimas invisibles, ha sido reconstruido en una de las más famosas obras de historia de los plaguicidas, escrita por el antropólogo norteamericano Angus Wright.

El libro de Angus Wright, profesor de la Universidad de California, fue publicado en 1990. Contenía los resultados de sus entrevistas y estudios etnográficos en el valle de Culiacán (México) en la década anterior

El clorpirifós es un plaguicida organofosforado que fue sintetizado en 1962 e introducido en el mercado por Dow Chemical Company en 1965. Se convirtió en un producto popular para controlar muchos tipos de plagas agrícolas (como langostas o plagas del algodón) y en fumigaciones domésticas contra las cucarachas. También fue muy popular para el control de insectos en el golf, el tratamiento de la madera (no estructural) y contra los mosquitos adultos. Como muchos otros plaguicidas organofosforados su gran éxito estuvo en parte motivado por la prohibición del DDT y las oportunidades de mercado que se abrieron para productos que, debido a su corta existencia, no disponían de estudios tan detallados acerca de su toxicidad para trabajadores, consumidores de alimentos y el medio ambiente.

Clorpirifós

Los estudios acerca de su toxicidad, sin embargo, no se hicieron esperar demasiado. Pronto se comprobó su toxicidad para animales y plantas silvestres. Como en otros organofosforados, la inquietud de los toxicólogos se centró en sus efectos neurotóxicos, muy evidentes en accidentes por envenenamiento agudo, pero más complicado de detectar cuando se trataba de pequeñas cantidades y una larga exposición. A principios de la década de 2010 varios equipos de investigación comenzaron a obtener resultados acerca de los efectos de una exposición a largo plazo. Se comprobó que afectaba al desarrollo neuronal de los fetos y que provocaba problemas de desarrollo cognitivo en los niños. Un equipo de la Universidad de Columbia encontró que podría producir descensos sustanciales en los cocientes intelectuales. Basándose en estas investigaciones y en cálculos aproximados de la exposición a este plaguicida, Barbara Demeneix, una investigadora francesa especializada en productos tóxicos, calculó que podrían haberse producido cerca de 60.000 casos de incapacidad intelectual y millones de puntos de descenso en el cociente intelectual de las poblaciones afectadas. Un daño enorme y silenciado que sigue creciendo, sin que la mayor parte de víctimas puedan tener conciencia de la violencia ambiental a la que son sometidas.

Los resultados fueron rechazados por la industria que continuó promocionando estudios que resultaban favorables a sus intereses. Un análisis comparado, publicado en la revista Environmental Health, mostró que los estudios subvencionados por la industria contenían sesgos persistentes en la interpretación de los datos toxicológicos. Los autores del análisis descubrieron discrepancias sustanciales “entre las observaciones reales y las conclusiones extraídas por el laboratorio de pruebas de la industria en su informe presentado para la autorización del plaguicida”. El análisis concluía sugiriendo que los estudios de toxicidad requeridos debían realizarse a través de agencias reguladoras y no dejarlos en manos de la industria. Poco después la revista recibió una carta firmada por varios científicos, dos de ellos con relación directa con la industria productora del plaguicida, en la que se descalificaba el análisis anterior. Señalaban sus autores que la seguridad del clorpirifós residía en más de “4000 estudios e informes” acerca de su inocuidad para la salud humana y el medio ambiente, así como “cinco década de experiencia en su uso”. Eran argumentos muy semejantes a muchos otros encargados por las empresas contaminantes para acallar los peligros y retrasar la regulación de sus productos. 

A pesar de estas acciones, muchos gobiernos comenzaron a restringir el uso del clorpirifós en las primeras décadas del siglo XXI, después de más de cuarenta años de uso.  En el Reino Unido, casi todos sus usos fueron prohibidos en marzo de 2016, lo que causó una considerable preocupación en un colectivo inesperado: los operadores de aeropuertos. El clorpirifós es muy eficaz contra gusanos y otras plagas de las áreas de césped alrededor de las pistas de aterrizaje, por lo que se empleaba para evitar la acumulación de aves atraídas por los insectos y, por lo tanto, un incremento del riesgo de sus choques con aviones. Es un ejemplo de la variedad de usos de un plaguicida inicialmente empleado en la lucha contra la langosta, todo lo cual hace todavía más complicado su reemplazamiento, al aumentar el número de grupos afectados por su prohibición.

Aeropuerto

 En los Estados Unidos, en junio de 2000, se prohibieron todos los usos en viviendas, excepto cuando se aplicaban en cebos para controlar hormigas y cucarachas. Había otras restricciones sobre cultivos como manzanas, los cítricos y los frutos de cáscara, así como los tomates. En 2012, se redujeron los niveles permitidos de aplicación y aumentaron las zonas de uso restringido, en particular alrededor de lugares públicos y áreas residenciales. Tal y como ha señalado, Virginia A. Rauh, una de las primeras investigadoras que demostró los riesgos del clorpirifós para el desarrollo neuronal infantil, en 2015 todo apuntaba a una pronta prohibición del plaguicida por parte de las agencias norteamericanas. Las elecciones de 2016 cambiaron la tendencia. Sin embargo, en 2017, la administración Trump se negó a tomar más medidas restrictivas, a pesar de los datos crecientes acerca de la toxicidad que llevaron a algunos estados como California a prohibir su uso.  La decisión fue fuertemente contestada, entre otras razones por las injusticias socioambientales que comportaba. Al mismo tiempo que se favorecían los intereses de la grandes industrias químicas, se ponía en un riesgo todavía mayor a poblaciones desfavorecidas o socialmente marginadas. Tal y como apuntó Virgina A. Rauh, "la mayor carga de exposición ambiental al clorpirifós la soportan las familias de las comunidades agrícolas, muchas de las cuales son trabajadores latinos y migrantes con pocos ingresos". Según esta autora, en algunas áreas agrícolas, los niveles de organofosfatos en la orina de  mujeres embarazadas son ahora más altos que los niveles previos a la prohibición de su uso en interiores", lo que revela un escaso interés por una "distribución justa y equitativa del riesgo". 

 Usos estimados del clorpirifós en Estados Unidos según Rauh (2018)A pesar de la presión judicial, los informes toxicológicos y las campañas de grupos de activistas, la agencia ambiental norteamericana (EPA) mantuvo en julio de 2019 el permiso para continuar empleando el plaguicida. En una entrevista concedida en octubre de ese año, Linda Birnbaum, la directora retirada del Instituto Nacional de Ciencias de la Salud Ambiental (NIEHS), afirmó que se trataba de una decisión “inquietante en grado sumo” porque “la ciencia demuestra de forma contundente que el clorpirifós y otros organofosfatos están asociados con un mayor riesgo de problemas de aprendizaje, memoria y comportamiento en niños”. 

Linda Birnbaum

Varios países europeos han prohibido el uso del clorpirifós en los últimos años, pero sigue siendo legal en otros como España, donde es uno de los plaguicidas de mayor consumo, particularmente en cítricos, por lo que existen fuertes presiones para mantener su licencia. También es uno de los tóxicos que se viene detectando desde hace décadas en frutas y verduras de consumo diario. Su presencia, junto con la de muchos otros plaguicidas prohibidos, ha sido detectado en ríos y suelos de forma generalizada.  Según declaraciones recientes de Vicent Yusà, jefe de los laboratorios de salud pública de la Generalitat Valenciana, los análisis de  orina revelan que se encuentra presente en el 80 al 90% de las personas estudiadas, si bien en cantidades pequeñas, por debajo de los umbrales de seguridad aceptados.

España, junto con Polonia, ha sido el estado encargado de la evaluación toxicológica de este producto en la comisión europea desde hace un par de décadas. Aunque los informes todavía no son del todo públicos, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) ha emitido comunicados para su prohibición a partir de 2020, lo que se ha confirmado en la resolución de 6 de diciembre de 2019. Ha habido un buen número de países a favor de la prohibición, pero otros pudieron votar en contra, sobre todo aquellos que hacen un mayor uso del clorpirifós en agricultura. España podría ser uno de ellos, dado el amplio uso del plaguicida en la producción de cítricos y la importancia económica de estos productos en la agricultura peninsular. Se han realizado ya algunas movilizaciones de agricultores en Valencia contra su prohibición, en particular en su uso contra nuevas plagas muy virulentas (como el llamado "cotonet de les Valls") y que producen fuertes pérdidas en las cosechas citrícolas. Al conocerse la prohibición, algunos representantes del mundo agrario reaccionaron de forma crítica ("nos deja desnudos en la lucha contra el cotonet"), mientras que otros afirmaron la necesidad de seguir en la búsqueda de soluciones alternativas y progresar en una agricultura más sostenible y menos fundamentada en plaguicidas.

Cotonet de les Valls

En este contextos, un grupo de ingenieros agrónomos e investigadores han propuesto explorar otras posibilidades de lucha biológica, siguiendo así una larga tradición de investigación en métodos alternativos, la cual procede de principios del siglo XX, aunque quedó atrofiada con la expansión de los nuevos plaguicidas organoclorados y organofosforados tras la II Guerra Mundial. Como en otras ocasiones, la industria de plaguicidas también se ha movilizado para influir en los gobiernos. La prensa, a través de un consorcio internacional de medios, ha revelado ofrecido pruebas contundentes de las presiones realizadas por la multinacional Corteva Agrisciences, heredera de Dow Chemical y principal productora de este plaguicida, para evitar su prohibición. Son muchos los millones de euros en juego. Tras conocer la prohibición, uno de los responsables de la empresa ha declarado que "esta decisión niega a los productores europeos de otra herramienta crucial para proteger sus cosechas".

El informe de la comisión de 6 de diciembre de 2019 señala tres razones para la prohibición: 1.- El potencial genotóxico del clorpirifós, "que no puede descartarse según la información disponible", dado que se encontraron resultados positivos en un estudio de aberraciones cromosómicas in vitro y dos ensayos de síntesis de ADN. 2.- Su neurotoxicidad observada en laboratorio con ratas y en estudios epidemiológicos que muestran una asociación entre la exposición al clorpirifós y "resultados adversos del neurodesarrollo en niños". 3.- Daños potenciales al desarrollo del embarazo. Y el informe concluye:

"De las evaluaciones realizadas sobre la base de la información disponible no se espera que ningún producto fitosanitario que contenga la sustancia activa clorpirifós cumpla los requisitos establecidos en el art. 29, apart. 1, del Reglamento (CE 1107/2009 ni los principios establecidos en el Reglamento UE 546/2011. Por tanto, no debe renovarse la autorización del clorpirifós de conformidad con el Reglamento CE 1107/2009".

Ventas de plaguicidas

En un reciente artículo, Frederick R. Davis, uno de los más conocidos historiadores de los plaguicidas, alertaba acerca de los "riesgos de la sinécdoque" en el estudio de estas sustancias, es decir, prevenía frente a las consecuencias negativas de centrar la atención en un solo producto (el DDT) y extrapolar sus resultados a los restantes.  El caso de los organofosfatos (como el clorpirifós y otros semejantes), parece apuntar un escenario más complejo e inquietante, donde las empresas contaminantes parecen tener mucha capacidad para posponer durante años la regulación y evitar la asunción de responsabilidades. Estos productos, nacidos para exterminar seres humanos e insectos, son también un ejemplo de las dificultades para controlar los productos tóxicos una vez se han puesto en circulación. Aunque los indicios de toxicidad eran evidentes, dadas las propiedades de los otros productos organofosforados, el clorpirifós fue empleado de forma masiva en campos y hogares y, con el paso del tiempo, se adentró en nuevos contextos, como los campos de golf o los aeropuertos, de modo que creó una gran variedad de escenarios de riesgos, intereses en juego, personas afectadas y víctimas más o menos conscientes del problema. En este contexto resulta comprensible las dificultades de los reguladores, sobre todo cuando son sometidos a presiones de grupos tan poderosos y con tanta influencia en el terreno económico y mediático. Tal y como apuntaban los autores del estudio antes mencionado, la historia del clorpirifós obliga a repensar la llegada al mercado de estas sustancias así como la vigilancia posterior. No parece que se pueda confiar en informes elaborados por las empresas productoras, dada la desigual distribución de beneficios económicos y riesgos para salud. Si se pretende evitar riesgos previsibles (e imprevisibles) para la salud y el medio ambiente es necesario repensar la regulación y su puesta en práctica, a la luz de los saberes que aporta la historia de los productos tóxicos, una de las líneas de trabajo que más se ha desarrollado en los últimos años. A pesar de su prohibición en Europa a partir de 2020, el clorpirifós dejará probablemente durante muchos años un rastro tóxico persistente en forma de dolencias neurológicas de pronóstico incierto, limitaciones al desarrollo cognitivo de la infancia y problemas medioambientales de difícil solución.

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José Ramón Bertomeu Sánchez
José Ramón Bertomeu Sánchez

Director del Instituto Interuniversitario López Piñero y profesor de historia de la ciencia en la Universidad de Valencia. Ha realizado numerosas publicaciones en torno a las relaciones entre ciencia y ley a través de la historia. 

Sobre este blog

Recorridos por las fronteras entre la ciencia y la ley a través de casos judiciales relacionados con venenos, infanticidios, patentes, adulteraciones, identificaciones, hipnotismo, manchas de sangre, etc.

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