Una joven mujer es acusada por su familia política de haber envenenado a su marido con arsénico. Aunque los doctores afirman que los síntomas así lo indican, los análisis químicos no permiten detectar ninguna huella del veneno en las vísceras de la víctima. Se llama a un tercer perito que emplea un método más reciente y encuentra trazas casi imponderables de veneno. Los abogados de la acusada afirman que el método no ha sido suficientemente comprobado y que presenta errores todavía no solucionados.

Un indigente identificado en una rueda de reconocimiento afirma no haber estado jamás en la escena del crimen pero, cuando es sometido a un detector de mentiras, los peritos concluyen que no dice la verdad. Sin embargo, su abogado se opone a que se acepte esta prueba argumentando que carece de fundamento científico.

Un conductor suicida es exonerado de sus cargos por un informe pericial presentado por un psicólogo. El informe indica que el acusado se encontraba en un estado de enajenación mental transitoria provocado por un ataque epiléptico cuando circuló en sentido contrario por una autopista y causó la muerte de una pareja de jóvenes que volvían de una cena familiar.

Dos compañías eléctricas se enfrentan en los tribunales acerca de los derechos de patente de un sistema de refrigeración industrial, por lo que el juez recurre a profesores universitarios para que puedan dirimir la novedad de los diseños presentados. Sus conclusiones no coinciden con los informes presentados por los peritos de las partes.

Un grupo de vecinos presentan una queja ante el juez por los daños que potencialmente pueden provocar unas antenas de telefonía móvil. Los peritos consultados por el juez afirman que no existen estudios epidemiológicos que demuestren tales daños y no se acepta la demanda. Los abogados de los afectados recurren la resolución señalando que jueces de un país vecino han emitido veredictos que obligaban a retirar las antenas en casos similares.

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Un asesinato alrededor de 1839

Los anteriores casos revelan diversas interacciones entre la ciencia y la ley en acción. Son una muestra representativa —aunque no completa, ni mucho menos— de los problemas que se presentarán en este blog. Pretendo abordar estas cuestiones a través de casos reales sobre los que existen estudios históricos suficientes. Para iniciar ese viaje es necesario disponer de un buen mapa de navegación que huya tanto de cantos de sirena como de monstruos subacuáticos. Para poder soltar amarras se debe abandonar la imagen idílica que suelen ofrecer algunos medios de comunicación, películas o series televisivas como "CSI" (Crime Scene Investigation). Este planteamiento, que en Estados Unidos se ha denominado "efecto CSI", asume que la ciencia es la llave fundamental para la resolución de los problemas de la justicia. Más ciencia, o más pruebas periciales, cuanto más sofisticadas mejor, parece ser el mejor modo de obtener pruebas más seguras y eficaces en las investigaciones criminales. Frente a las pruebas testificales, las declaraciones o las confesiones, las pruebas científicas parecen ser objetivas, desinteresadas, repetibles y sometidas a una constante revisión para constatar su validez. En el lado contrario de esta interpretación se sitúa una visión negativa de las relaciones entre ciencia y justicia que han popularizado autores como Peter Huber en su libro Galileo's Revenge ("La venganza de Galileo"). Según este autor, tras haber sido humillados en juicios como el de Galileo, los científicos se han vengado enviando a los tribunales grandes cantidades de "ciencia basura" (junk science): máquinas de la verdad, estudios sesgados y controversias fabricadas para disminuir el valor de las pruebas incriminatorias. Cuando una de las partes enfrentadas dispone de recursos suficientes, resulta posible contratar a "traficantes de dudas", a menudo con títulos universitarios y bata blanca, para socavar los informes periciales presentados en los tribunales. De este modo, la ciencia puede servir para incrementar la desigualdad frente a la ley que caracteriza muchos sistemas judiciales, por mucho que las constituciones democráticas se esfuercen en afirmar lo contrario.

Balanza de Themis

Tal y como se verá, la separación entre ciencia y ley es más complicada de lo que puede parecer en un principio. Se verán muchos ejemplos de coproducción de saberes científicos y jurídicos, así como ambigüedades manifiestas entre la labor del científico y la del juez porque, entre otras razones, ambos comparten el encargo social de la administración de las pruebas. Su práctica cotidiana dista mucho de las situaciones representadas en la imaginación popular por el denominado método científico y por la balanza de Temis, respectivamente. En los ejemplos que se presentarán aportaré pruebas razonables de que la historia de episodios judiciales puede ofrecer muchas pistas sobre la ciencia y la ley en acción, más allá de estas imágenes idealizadas antes mencionadas. Se hablará de libros, películas, crímenes, policías y, sobre todo, de los venenos, mi tema favorito. Comenzaremos por el caso de envenenamiento más famoso de todos los tiempos: el supuestamente realizado por Marie Lafarge, de cuyo nacimiento se cumplen ahora doscientos años, y sobre cuya culpabilidad o inocencia todavía se sigue discutiendo en la actualidad. 

José Ramón Bertomeu Sánchez
José Ramón Bertomeu Sánchez

Director del Instituto Interuniversitario López Piñero y profesor de historia de la ciencia en la Universidad de Valencia. Ha realizado numerosas publicaciones en torno a las relaciones entre ciencia y ley a través de la historia. 

Sobre este blog

Recorridos por las fronteras entre la ciencia y la ley a través de casos judiciales relacionados con venenos, infanticidios, patentes, adulteraciones, identificaciones, hipnotismo, manchas de sangre, etc.

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