Neurociencias en los tribunales: Riesgos y oportunidades

09/05/2016 0 comentarios
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Las lecciones del pasado sugieren que, aunque los avances de las ciencias pueden ser de una gran ayuda, la aceptación de los últimos 'descubrimientos' científicos de forma demasiado rápida en los tribunales puede estar rodeada de peligros graves. Así lo afirma un famoso juez norteamericano al tratar de las neurociencias y sus aplicaciones legales. Un diálogo crítico y respetuoso entre ciencia y derecho puede quizá resolver los problemas, responde un neurocientífico actual.

El juez norteamericano Jed S. Rakoff ha recogido en un reciente artículo (New York Times Review of Books, 21 de abril de 2016) un resumen de sus reflexiones sobre el uso de las neurociencias en el terreno de la justicia. Pide prudencia y denuncia las actitudes demasiado optimistas que consideran la neurociencia como el futuro de la criminología, gracias a su supuesta capacidad de ofrecer una ventana directa al cerebro de testigos y acusados. Rakoff, que también es profesor de derecho en la prestigiosa Universidad de Columbia, revisa toda una serie de ejemplos históricos para subrayar los problemas derivados de la introducción de nuevas técnicas periciales sin una valoración previa suficiente. Aunque podría haberse remontado mucho antes en el tiempo, Rakoff comienza sus ejemplos a principios del siglo XX con las relaciones peligrosas entre criminología, eugenesia y derecho. En su forma más extrema, estas ideas sirvieron para justificar segregaciones, detenciones preventivas, campos de concentración, esterilizaciones forzosas y hasta genocidios masivos, particularmente en el contexto de los regímenes totalitarios de los años treinta y cuarenta. En el primer tercio del siglo XX, la eugenesia, basada en las ideas del darwinismo social, había llegado a ser aceptada en muchas universidades, incluso con el apoyo de grandes científicos. En las aulas universitarias se enseñaba que las capacidades mentales eran producto de la herencia, por lo que resultaba absolutamente imperativo limitar la desmesurada tendencia procreativa de las razas inferiores. Más de 50.000 personas fueron esterilizadas en Estados Unidos para evitar que su peligrosa carga genética pudiera acabar con la civilización occidental. Los campos de concentración nazis son mucho más conocidos. Las imágenes que se revelaron en 1945 sirvieron para crear un rechazo casi universal a las prácticas eugenésicas. Fueron consideradas como crímenes contra la humanidad y dieron lugar a las primeras legislaciones internacionales sobre estos temas.

Jed S. RakoffComo señala Rakoff, el nuevo contexto creado después de la II Guerra Mundial no eliminó completamente las ideas eugenésicas, ni tampoco los excesos en la aplicación de tratamientos drásticos para la curación de enfermedades mentales. Entre 1940 y 1965 se practicaron unas 40.000 lobotomías en Estados Unidos, la mayor parte sin requerir más que una pequeña firma por parte de pacientes (o de sus tutores legales) que desconocían las consecuencias del tratamiento.

La práctica fue realizada con homosexuales a los que se consideraba afectados por un desorden mental grave por motivo de su orientación sexual. El asunto solamente se transformó en escándalo cuando trascendió que también una hermana del presidente John F. Kennedy había sido sometida a lobotomía. Resulta mucho más grave e inquietante el hecho de que todas estas prácticas fueron toleradas, cuando no amparadas o incluso promocionadas, por la ley y la ciencia del momento.

Los ejemplos son suficientemente aterradores para avalar el llamamiento a la cautela del juez Rakoff, pero no cubren ni siquiera un espectro parcial de las relaciones entre psiquiatría y el derecho. El tema de la locura y la responsabilidad criminal fue una de las cuestiones centrales tratadas en los tribunales desde la Edad Media. Los diversos modos de probar la fiabilidad de acusados, víctimas y testigos es otro de los temas clásicos de solapamiento entre la labor de los jueces y la de los expertos en cuestiones mentales, asociados a diversas ocupaciones y especialidades a lo largo de la historia. Las variaciones de los conocimientos sobre estos asuntos han comportado por lo general cambios en la actividad de los tribunales. Por ejemplo, la introducción del concepto de monomanía en Francia durante el primer tercio del siglo XIX permitió un uso más amplio de las "circunstancias atenuantes" acerca de la responsabilidad judicial de las personas acusadas de crímenes violentos. Los estudios de psicología del testimonio (o sus precedentes en el siglo XIX) introdujeron nuevas tensiones por la superposición de los informes de expertos con la tradicional valoración de la prueba testifical realizada por jueces. De hecho, la llegada de una de las primeras versiones de lo que ahora se denomina "detector de mentiras" estuvo rodeada de una fuerte polémica. En torno a este debate surgió en Estados Unidos la denominada regla Frye que sirvió como estándar de admisibilidad del saber experto durante casi todo el siglo XX. Esta regla afirma que solamente los saberes ampliamente aceptados por la comunidad científica pueden ser empleados en los tribunales para informes periciales fiables. Los conocimientos de frontera, los métodos controvertidos, las técnicas más modernas y las nuevas disciplinas emergentes pueden tener dificultades para superar este criterio.

Rakoff recuerda en su artículo las vacilaciones de los jueces norteamericanos en torno a la generalización del uso de diversas formas del psicoanálisis a partir de los años sesenta. ¿Podrían considerarse fiables los testimonios obtenidos mediante sesiones psicoanalítcas? ¿Se debían investigar los episodios traumáticos de la infancia, a menudo relacionados con abusos sexuales que se revelaban en estas sesiones? Los expertos de las diversas corrientes de la psicología discrepaban sobre este y muchos otros puntos, por lo que las controversias en los tribunales fueron (y continúan siendo) habituales. Un juez llegó a afirmar en 1974, frente a los asombrados miembros de la American Psychiatric Association, que la participación de psiquiatras no hacía más que "complicar todavía más" la labor de los jueces en su labor de elucidación de la fiabilidad de los testimonios.

Nelly Alia-Klein et al., “Brain ­Monoamine ­Oxidase A Activity ­Predicts Trait ­Aggression,” Journal of Neuroscience, May 7, 2008

Imagen (derecha): Actividad cerebral de personas "agresivas" y "no agresivas" según un artículo publicado en Journal of Neuroscience, 2008.

Partiendo de este pasado problemático, y con la experiencia adquirida en los juicios, Rakoff analiza el papel que pueden desempeñar las neurociencias en el terreno de la ley, sin dejarse deslumbrar por las imágenes del cerebro que parecen ofrecer un mapa fidedigno, gráfico e indiscutible de las tendencias agresivas ¿Se deben utilizar estos saberes para valorar la responsabilidad criminal? ¿Pueden transformarse estos informes en pruebas periciales sin margen para la discusión? ¿Es posible emplearlos también para valorar la fiabilidad de los testimonios? Algunas compañías privadas han anunciado ya un nuevo detector de mentiras "neurocientífico" que ha topado con las reticencias de los jueces. Rakoff muestra también sus reservas, aunque no niega el posible papel de las neurociencias en ciertos terrenos (por ejemplo, en el establecimiento de políticas contra la adicción por drogas, al ofrecer una mejor comprensión de la mente de las personas afectadas). "Sin embargo", concluye Rakoff, "las lecciones del pasado sugieren que, aunque los avances de las neurociencias pueden ser una ayuda útil [...], una aceptación demasiado rápida en los tribunales de los últimos 'descubrimientos' de las neurociencias puede estar rodeada de peligros".

Facundo Manes

Partiendo de un punto de vista muy diferente, el neurocientífico Facundo Manes ha publicado también recientemente un repaso mucho menos lúgubre y más optimista de las crecientes relaciones entre neurociencia y derecho. Sus conclusiones, sin embargo, comparten en cierto modo la llamada a la prudencia de Rakoff. Manes, que tiene experiencia en el terreno de la política y la gestión académica, defiende un diálogo crítico entre expertos en ciencia y derecho para establecer "en qué ámbitos y medida los estudios sobre el funcionamiento de los procesos mentales pueden ser utilizados eficazmente para producir innovaciones en el sistema legal". Este diálogo no debe servir solamente para cambiar aspectos de la práctica judicial, sino también para "tensar las seguridades de la ciencia" (El País, 29 abril de 2016). En otras palabras, para que las interacciones entre ciencia y derecho sean fructíferas deben tener lugar en todos los sentidos, sin limitaciones ni condescendencias.

Algunas conclusiones de Rakoff y Manes pueden aplicarse mutatis mutandis a otras ciencias forenses. Como se verá, muchos expertos del pasado se vieron atrapados en los tribunales por las altas exigencias en materia probatoria de la ley y por la atmósfera de enfrentamiento, propicia a las controversias, de los juicios. Si se emplean métodos nuevos, siempre puede ponerse en cuestión su fiabilidad, por no haber sido suficientemente ensayados por la comunidad científica. Si por el contrario se emplean métodos plenamente consolidados y de uso general, siempre pueden ser minusvalorados por obsoletos debido a la irrupción de nuevas técnicas (más sensibles, selectivas, fiables, mecánicas, objetivas, convincentes, etc.). Esta situación incómoda creó muchas tensiones y controversias, pero sirvió de acicate para numerosas investigaciones que difícilmente se hubieran desarrollado fuera de este contexto. Es cierto que Rakoff podría haber movilizado una gran cantidad de ejemplos de este tipo, más cercanos a los problemas actuales de las neurociencias, los cuales tienen poco que ver con los casos de eutanasia y lobotomía a los que dedica buena parte de su artículo. No obstante, a pesar de las diferencias radicales, el juez Rakoff ha presentado de forma contundente una razón para la cautela: las esterilizaciones masivas y las cirugías cerebrales se realizaron en nombre de la ley y de la (neuro)ciencia del momento. Este hecho debería bastar para prevenir contra las peligrosas consecuencias del "efecto CSI", pero no puede impedir que los tribunales sigan siendo espacios para la ciencia.