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No será esta la primera vez que me lamento de la escasez de nuestros presupuestos de I+D, que contrastan con la de los otros países europeos con los que queremos compararnos. Ni voy a entrar en detalles. Sólo voy a recordar los recortes presupuestarios que ha habido en este país en los años de crisis, del orden del 30%. Mientras que otros, como Alemania, aprovechaban la ocasión para aumentarlos: un aumento medio de un 3% anual desde 2006. O como sucede ahora cuando la ministra federal de Educación e Investigación, Anja Karliczek, ha anunciado que se va a seguir con aumentos de un 3% anual durante la próxima década. Mientras que aquí no sólo los presupuestos han decrecido sino que el porcentaje de ejecución del presupuesto es casi el más bajo de todas las políticas públicas y no llega al 50%: más de la mitad, repetidamente, no se ejecuta. A las entidades públicas no se les autoriza a pedir préstamos y las entidades privadas prefieren no enredarse con la burocracia pública cuando los intereses del mercado ya son bajos.

Pero hoy me voy a referir a la burocratización. No sólo deja de ejecutarse la mayor parte del presupuesto sino que lo que se ejecuta requiere unos esfuerzos enormes, no desde el punto de vista del trabajo de investigación sino por la burocracia inherente a la solicitud de los proyectos, a su ejecución y a su justificación.

Creo que no me equivoco si digo que un investigador principal que quiere presentar un proyecto a las entidades financiadoras dedica bastante más de un 20% de su tiempo a preparar los proyectos en vez de dedicarse a trabajar. Aunque tenga una trayectoria científica reconocida, no se debe limitar a cuidar la presentación de aquello en lo que él y su equipo van a trabajar en los próximos años, sino que también deberá cuidar en extremo los aspectos administrativos para que su proyecto no se descarte por razones burocráticas. O que luego no se le acuse de su total incumplimiento porque a algún honesto funcionario le parezca – quizás con razón – que los resultados no se ajustan a lo planificado según exigen las innumerables normas dictadas por una absurda burocracia que ignora por completo las especiales características – compatibles con la transparencia – que deben regir el mundo de la ciencia.

Y una vez ejecutado el proyecto deberá emprender la ardua tarea de justificar los gastos. No es que no deba justificar la manera en que los ha ejecutado de manera transparente como debe suceder en todo gasto de dinero público. Deberá cuidar de cumplir un conjunto de normas que difícilmente deberían aplicarse al campo de la investigación. Deberá luchar contra un ejército de personas que irá a la caza de encontrar el menor defecto para reclamarle que devuelva lo que alguien, una especie de "cobrador del frack", considere que no se ajustaba del todo al proyecto presentado y se le obligue a devolver parte del dinero adjudicado y gastado.

Con tanta regulación aquí todo cuesta mucho más esfuerzo de lo que sería razonable. Algunas veces digo que hoy en día, con el aumento de normativas relacionadas con la gestión de la I+D, ejecutar algo como fue la construcción de una infraestructura como la fuente de luz de sincrotrón ALBA sería una tarea imposible.

Por desgracia parece que no somos el único país donde sucede una cosa parecida. En los Estados Unidos, el director de la oficina de la Casa Blanca sobre política científica y tecnológica y asesor científico del presidente, Kelvin Droegemeier, pensando – lamentablemente con razón – que no va a poder evitar los recortes presupuestarios de la actual administración ni podrá modificar los puntos de vista del presidente Trump sobre las políticas referentes al cambio climático, parece que va a acometer la tarea de reducir el tiempo que los universitarios y los investigadores dedican a cumplir el tejido de normas relacionadas con la justificación de los dólares que reciben y puedan dedicarse mejor a sus funciones.

Una encuesta federal ha encontrado que los científicos dedican más del 40% del tiempo que destinan a una subvención federal a actividades distintas de la investigación real, una lista que incluye la redacción de documentos. Aunque Droemegeier reconoce que algunas de esas actividades son necesarias e incluso importantes, afirma que la administración está cargada de regulaciones innecesarias que no carecen de valor y no tienen ninguna utilidad. Y suponen un despilfarro "del tiempo y la energía de científicos brillantes y altamente capacitados". Aunque no parece que las administraciones se lo vayan a poner fácil.
Estaría bien que uno de los objetivos del nuevo gobierno fuera aumentar los presupuestos y también, por lo menos, desburocratizar su gestión.

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Ramón Pascual de Sans
Ramón Pascual de Sans

Profesor emérito de física teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente honorario de la fuente de luz de sincrotrón ALBA y miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

Sobre este blog

«Al contrario de los tertulianos, me abstendré de comentar aquello de lo que no sé lo suficiente.»

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