Hace algo más de 30 años que dejé mi responsabilidad como rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, de la que sigo siendo profesor emérito, y unos 20 de que dejé de ser miembro elegido por el Senado para formar parte del Consejo de Universidades y que fui responsable de un informe que encargó el gobierno de la Generalitat sobre cómo la sociedad quería que fuesen las universidades. Pero no por el tiempo transcurrido he dejado de interesarme por todo lo que se refiere a la educación superior. Así no es de extrañar que haya seguido con atención el proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario y algunas de las discusiones y comentarios que ha generado, aún se generan y supongo que se seguirán generando.

A mi entender, el mencionado proyecto empieza mal. Las primeras palabras son "La Universidad", en singular y con "u" mayúscula. Uno se pregunta cómo, después de decenios de la autonomía universitaria establecida en la Constitución, las decenas de universidades que existen en España sean aún tan poco diferentes para que se pueda hablar de "la Universidad". Ciertamente la limitada autonomía que ya delimitó la primera ley de la democracia, la Ley de Reforma Universitaria de 1983, ha permitido ciertas diferenciaciones que han hecho que algunas universidades aparezcan entre los primeros dos o tres centenares de mejores universidades del mundo según los "ránkings" más reconocidos. Pero la lectura del proyecto lleva a la pregunta: ¿la nueva ley va a permitir que las universidades se sigan diferenciando y que algunas ocupen posiciones más dignas en los mencionados ránkings? Y, en mi opinión, la respuesta es que no.


No sería cierto decir que el anteproyecto no haga un diagnóstico correcto de algunos de los males de las universidades, como son su descapitalización y el consiguiente envejecimiento del profesorado, el abuso de la figura de los profesores asociados, y el exceso de nuevas universidades privadas de calidad dudosa. También es cierto que el proyecto intenta mejorar las leyes anteriores en algunos aspectos que sería largo enumerar aquí, aunque lo que más resalta son ciertos toques de actualización, sobre todo de los más populistas. Incluso algo ingeniosos como la introducción de términos de origen hispano como "defensorías".


Pero el proyecto no afronta los grandes problemas que impiden que algunas universidades despeguen acercándose a los modelos que rigen en las más prestigiosas, las que ocupan los cien primeros puestos de los ránkings. No se desvincula a las universidades del carácter funcionarial del profesorado, cuyo porcentaje incluso aumenta del 50 al 55 por ciento. Ni se afronta decididamente responsabilizar de una vez a las universidades del delicado asunto de la selección de sus profesores que seguirá dependiendo de comisiones cuya calidad seguirá sometida a algo tan poco elitista como el azar. Y de nuevo se recae, ahora con carácter obligatorio y a pesar de las afirmaciones en favor de la internacionalización, en establecer que los grados tengan que ser de 240 créditos, lo que nos aleja de lo establecido en los países europeos a los que nos queremos parecer. Tampoco se deja en manos de cada universidad la elección de sus estudiantes, tema en el que hay el peligro de que se retroceda hacia la uniformización a nivel estatal.


En cuanto a la gobernanza, tampoco se mejora mucho. Por un lado, no se mejora la composición de los consejos sociales, siempre sometida a la peculiar opinión del Tribunal Constitucional de que en ellos ha de tener mayoría la "comunidad universitaria", opinión que no permitiría llamar autónomas a las universidades más autónomas del mundo. Y si bien se abre la opción de una vía alternativa para la elección del rector no se establecen incentivos para adoptarla. El proyecto sigue la senda ya abierta por la LRU de permitir que los máximos responsables de los centros no tengan que ser los profesores de más prestigio o experiencia y la extiende hasta los rectores que no hayan de ser catedráticos pero, eso sí, funcionarios.


Tampoco se facilita de manera efectiva la movilidad del profesorado dentro del Espacio Europeo al no establecerse un sistema ágil de convalidaciones y de reconocimiento de títulos, que seguirá dependiendo de organismos centralizados, cuya inoperancia es bien conocida. Y se sigue con sistemas de acreditaciones que la experiencia enseña que obstaculiza la incorporación de profesorado extranjero.


¿Cuándo entenderemos que la autonomía de las universidades afecta a la elección de los alumnos y de los profesores y que las administraciones han de ser quienes les corrijan en caso de que no hagan buen uso de la autonomía mediante los oportunos correctivos en los sistemas de financiación?


Una vez más el proyecto parece perseguir un conjunto de más de 70 universidades parecidas, todas igualmente activas y de calidad en formación, investigación y transferencia. La mirada a los países avanzados indica que esto no sucede en ninguno. Probablemente porqué es imposible, ni de alcanzar ni de mantener.

Ramón Pascual de Sans
Ramón Pascual de Sans

Profesor emérito de física teórica de la Universidad Autónoma de Barcelona, presidente honorario de la fuente de luz de sincrotrón ALBA y miembro de la Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona.

Sobre este blog

«Al contrario de los tertulianos, me abstendré de comentar aquello de lo que no sé lo suficiente.»

Ver todos los artículos