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1 de Enero de 2018
Sostenibilidad

El precio ambiental del oro peruano

La minería ilegal en la selva tropical de Madre de Dios ha aumentado a un ritmo asombroso.

En julio de 2015, Perú eliminó decenas de campamentos destinados a la minería ilegal de oro en La Pampa, en Madre de Dios, donde se han destruido cientos de miles de hectáreas de selva tropical. [SEBASTIAN CASTANEDA, GETTY IMAGES]

Los mineros de oro llevan décadas devastando la selva amazónica peruana de Madre de Dios en busca del preciado metal. Ahora, un estudio ha revelado que la minería ilegal está experimentando un fuerte auge a pesar de los esfuerzos del Gobierno del país para detenerla, lo que está causando graves perjuicios al ecosistema.

En 2012, el Gobierno peruano anunció una serie de medidas para proteger de los mineros la selva Madre de Dios, considerada la capital de la biodiversidad del país. Las autoridades efectuaron batidas, desmantelaron campos clandestinos y regularon el tráfico de combustible y suministros. A pesar de ello, en los últimos cuatro años el área total explotada ha aumentado cerca de un 40 por ciento, casi 70.000 hectáreas. De acuerdo con los análisis más exhaustivos efectuados hasta ahora, la práctica —posiblemente facilitada por un escaso control sobre la región y un mejor acceso por carretera— se amplió a al menos una de las dos reservas nacionales de la selva, espacios protegidos donde la minería está prohibida.

La extracción del oro de las rocas puede contaminar el entorno con facilidad. Las actividades mineras ilegales emplean a menudo mercurio líquido, un producto muy tóxico que puede infiltrarse en el suelo y liberarse en forma de vapores nocivos. Pero las consecuencias van más allá de las del proceso de extracción: los mineros suelen deforestar miles de hectáreas con maquinaria pesada, lo que arruina el entorno.

«Se pueden ver dragadoras retirando limo del río y se pueden oír sus motores», comenta Raúl Tupayachi, biólogo peruano del Instituto Carnegie para la Ciencia y coautor del estudio. «Esperábamos que nuestros datos mostraran un descenso en la velocidad de deforestación tras las acciones del Gobierno», afirma. «Pero hemos visto que, a la larga, no han tenido gran repercusión.»

Tras analizar imágenes por satélite tomadas entre 1999 y 2016, el estudio, que fue publicado en agosto en Environmental Research Letters, halló un declive inicial en la deforestación tras la acción emprendida por el Gobierno en 2012. En 2013, sin embargo, se aceleró la pérdida de área forestal. En los años siguientes aparecieron nuevas minas que invadieron áreas protegidas, como la Reserva Nacional Tambopata, hogar de los pueblos indígenas ese’ejja, quechua y aymara, así como de coloridos guacamayos, nutrias gigantes y jaguares. Hacia 2016, las operaciones mineras habían devastado al menos 520 hectáreas de los bosques de la reserva.

William Llactayo, ingeniero geográfico del Ministerio del Ambiente peruano, que no participó en el trabajo, apunta que el estudio llega en un momento crítico, ya que, de continuar la minería, «muchas de esas áreas quedarán degradadas [irreversiblemente] en los próximos años».

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