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El derecho a la ciencia

Tan necesario como desconocido.

THINKSTOCK/SOLARSEVEN

Situémonos en el tiempo: en 1945, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, la ciencia no vivía su momento de mayor popularidad. Las bombas atómicas y los experimentos «médicos» nazis crearon cierto clima de prevención hacia la ciencia. Afortunadamente, esta desconfianza no derivó en un rechazo, sino en un importante debate diplomático y jurídico sobre el papel de la ciencia y la responsabilidad de los científicos.

La UNESCO, por ejemplo, estaba prevista inicialmente como UNECO (Organización para la Educación y la Cultura, sin la S de Science), pero la insistencia de algunos científicos, liderados por Julian Huxley, logró en 1945 la inclusión de la ciencia en el nombre y en el mandato de la organización. Se consideraba importante que los científicos estuvieran íntimamente relacionados con las humanidades y que sintieran que tenían una responsabilidad para con la sociedad.

Durante la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el debate enfrentó a quienes defendían que la ciencia debía servir a los fines de la humanidad y quienes consideraban peligroso, en plena guerra fría, permitir que los Estados decidieran qué investigaciones eran adecuadas o no a determinados fines políticos, por muy nobles que estos pudieran parecer. En 1948, el texto acabaría diciendo en su artículo 27: «Toda persona tiene derecho [...] a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten».

El derecho a la ciencia volvió a aparecer en los tratados que desarrollaron la Declaración. El artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales reza «los Estados partes reconocen el derecho a [...] gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones».

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