CORTESÍA DE W. D. VAN MARKEN LICHTENBELT

Cada miembro de una comunidad posee su propio sistema de preferencias. Hay quien prefiere que exista una religión oficial y hay quien desea vivir en un estado laico. Hay a quien opta por el acceso a una educación gratuita, aunque ello implique altos impuestos, y hay quien se inclina por pagar menos impuestos. Esas son las preferencias de los miembros de la comunidad. Pero, ¿cómo determinar cuáles son las preferencias de la comunidad? ¿Cómo saber, por ejemplo, qué es lo que desea la sociedad española considerada como un todo? ¿Prefiere pagar impuestos altos para disfrutar de más servicios públicos, o desea cotizar menos?

Si todos los españoles estuvieran de acuerdo, el problema no revestiría demasiada dificultad. Podríamos decir que las preferencias de la sociedad española son idénticas a las de cada uno de los españoles. Pero no todos los españoles están de acuerdo. Por tanto, el problema de determinar las preferencias de la sociedad española a partir de las preferencias de los españoles resulta no trivial.

En la práctica, el problema de identificar preferencias colectivas se manifiesta cuando los miembros de una comunidad eligen a sus gobernantes. Quisiéramos que los gobernantes de una sociedad velaran por los intereses de la sociedad, no por sus intereses personales. Y ello presupone que el concepto de "los intereses de la sociedad" está bien definido. Uno podría pensar que las preferencias de una sociedad son simplemente aquellas compartidas por el mayor número de personas. De ser así, el método más justo para elegir gobernantes consistiría en un sistema de votación por mayoría simple, según el cual el vencedor de unas elecciones es el candidato que obtiene el mayor número de votos.

Muchos países recurren a las votaciones por mayoría simple para nombrar a sus líderes. El presidente de México, por ejemplo, es elegido mediante una votación en la que cada ciudadano vota por un solo candidato, y el vencedor es el que ha logrado el mayor número de sufragios. Desafortunadamente, no parece claro que en las votaciones por mayoría simple siempre resulte elegido el gobernante que mejor representa los intereses de la sociedad. Imaginemos una situación en la que casi dos terceras partes de la población (un 64 %) prefiere un gobierno de izquierda, mientras que el resto (un 36 %) se inclina por uno de derecha. Aunque existe un solo partido de derecha (Derecha Unida), la izquierda se encuentra dividida en dos partidos de envergadura similar (Izquierda A e Izquierda B). A pesar de que una mayoría de la población prefiere un gobierno de izquierda, en una votación por mayoría simple vencería el partido de la derecha.

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