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1 de Diciembre de 2018
Conservación

Peces invasores de las aguas continentales españolas

Además de desplazar a algunas especies nativas, los peces introducidos para la pesca pueden alterar el hábitat y la calidad de las aguas.

En la laguna de Zóñar, en Córdoba, la proliferación de la carpa altera las poblaciones de algunas especies de ánades mundialmente amenazadas, entre ellas la malvasía cabeciblanca. La carpa destruye las plantas acuáticas y los insectos asociados a ellas, de los que se alimenta esta ave. [LAURI URHO]

Una de las consecuencias más visibles de la globalización es la introducción de especies exóticas, organismos transportados voluntaria o involuntariamente por los humanos desde su hábitat de origen hasta zonas geográficas donde históricamente nunca estuvieron presentes. Este movimiento de especies puede no causar problema alguno en los ecosistemas de acogida, pero a menudo tiene efectos catastróficos. Las nuevas especies pueden provocar daños en la biodiversidad nativa (como los producidos por la introducción de conejos en Australia), la economía de un país (como los provocados por el mejillón cebra) o el propio bienestar humano (como los causados por el mosquito tigre). En tales situaciones se denomina invasoras a las especies exóticas.

Entre los grupos faunísticos más afectados por el fenómeno de las invasiones biológicas figuran los peces de río y, en concreto, las comunidades de peces de los ríos españoles que, como las de otras regiones de clima mediterráneo, ostentan el récord de hallarse entre las más invadidas a escala mundial. Por este motivo resultan esenciales las medidas legislativas que regulen la entrada de especies exóticas en un país y se necesitan estrategias de gestión diferentes para ellas y para las especies autóctonas de nuestros ecosistemas.

La percepción del problema de la invasión de peces exóticos varía entre colectivos y, como en todo conflicto socioecológico, la dimensión humana no debe obviarse en su gestión. A fin de cuentas, es la sociedad, de la mano de los políticos, la que decide qué especies quiere proteger haciendo uso de la legislación. Pero, además, estas decisiones nunca deberían fraguarse a espaldas del conocimiento científico, más si consideramos que la conservación de la biodiversidad nativa tiene un valor patrimonial per se, además de mostrar múltiples beneficios que repercuten de manera directa e indirecta en el propio bienestar de la sociedad.

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