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GETTY IMAGES/URUPONG/ISTOCK

En «El triaje de los pacientes COVID-19» [Investigación y Ciencia, agosto de 2020], Marta Consuegra y María Casado recomiendan seleccionar a los pacientes de COVID-19 candidatos a UCI de forma personalizada y bajo criterios éticos, y no solo basándose en la edad. En realidad, el triaje de estos pacientes en nada difiere del que se realiza para el resto de las enfermedades. El intensivista, con la opinión de los demás especialistas, elabora un indicador que tiene en cuenta la gravedad, antecedentes, edad y beneficio potencial del tratamiento. Eso genera un umbral de ingreso en UCI que, en general, poco tiene que ver con cuestiones éticas (por supuesto que no se discrimina por edad u otras razones), sino con la disponibilidad de camas libres.

Dicha disponibilidad depende de los recursos. España dedica entre el 6 y el 7 por ciento del PIB a la sanidad pública, una cantidad sensiblemente inferior a la de otros países del entorno. Es relativamente ingenuo pensar que, en una situación de emergencia sanitaria como la actual, establecer «unos criterios de ingreso [en UCI] claros y homogéneos» evitará la pérdida de confianza en el sistema sanitario. Para garantizar un umbral generoso de ingreso en UCI, parece imprescindible mejorar la financiación del sistema público de salud y aumentar la disponibilidad de camas. Supeditar el ingreso a las resoluciones de comités de ética asistencial podría burocratizar y enlentecer el proceso. La gran profesionalidad y formación del personal sanitario les permite asumir la carga emocional de tales decisiones. Sospecho que llevan peor no disponer del equipamiento de protección adecuado.

Pedro David Delgado López
Médico del servicio de neurocirugía del Hospital Universitario de Burgos y presidente de la Sociedad Castellanoleonesa de Neurocirugía


Considero que el enfoque ético no responde a la realidad de la nueva ola de covid-19 a la que posiblemente habremos de enfrentarnos. En primer lugar, creo que para tratar la cuestión del triaje en dicha situación, debería abandonarse el contexto suave, donde la utilidad de los recursos invasivos guarda un cierto equilibrio con sus inconvenientes, y plantearse situaciones en las que las decisiones determinarán quién seguirá vivo y quién no, seleccionando entre personas que antes estaban dentro de la normalidad en todos los sentidos.

En segundo lugar, la situación no es asimilable a una catástrofe imprevista, ya que las autoridades han tenido tiempo de proveer de recursos al sistema sanitario. Por tanto, la decisión sobre quién podrá hacer uso de esos recursos, si llegasen a faltar, debería provenir de las mismas entidades que han determinado en qué cantidad estarán disponibles. Delegar esa función en comités de sanitarios en los propios hospitales, además de obligarles a asumir decisiones muy duras que no les corresponden y que podrían acarrearles responsabilidades penales, supone extender una cortina de humo sobre la realidad, con lo que podrían no adoptarse nuevas medidas necesarias.

Con todo, la consecuencia más grave de esta forma de proceder sería la repercusión negativa que tendría en el sentir de la población, que no solo perdería confianza en el sistema sanitario, sino también en el propio personal médico. Quien acude enfermo a un hospital necesita estar seguro de que va a encontrar ayuda, no un tribunal que decida sobre su vida o muerte. Si no, muchos optarán por morir en su casa.

Francisco López Gomáriz
L’Hospitalet, Barcelona

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