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Actualidad científica

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  • Investigación y Ciencia
  • Abril 2019Nº 511

Política

La política científica española, en el atolladero

Perdido en su laberinto burocrático, el sistema español de ciencia y tecnología sigue lastrado por múltiples carencias e ineficiencias. La reforma es urgente.

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«El enemigo fue siempre el mismo: la Administración y la burocracia. Los mejores planes, las intenciones mejores, los propósitos más ideales quedan destrozados contra el muro inconmovible de la rutina.»

Enrique Moles Ormella
Discurso de ingreso en la Real Academia
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
28 de marzo de 1934

Así describía Moles, uno de los principales introductores de la química moderna en España, la lamentable situación que vivía la ciencia en nuestro país a principios del siglo XX. 85 años después, el «enemigo» sigue siendo prácticamente el mismo: un sistema de gestión ineficiente, fruto de un claro desinterés político por la ciencia. Parece que los gobernantes españoles siguen sin apreciar el valor del conocimiento.

Sin embargo, el avance de la investigación científica y técnica es el motor de las grandes transformaciones tecnológicas, económicas y sociales que la humanidad ha experimentado a lo largo de los últimos decenios. La estrategia de cualquier país que tenga como objetivo disponer de un mercado de trabajo digno, con políticas sociales que reduzcan las desigualdades y den cobertura a los más desfavorecidos, debe incorporar la generación, difusión y utilización del conocimiento como factores clave para poder solucionar los problemas más inmediatos y hacer frente a las situaciones futuras. En caso de no hacerlo, los gobernantes serán los responsables de que la cada vez mayor dependencia de los ciudadanos, como usuarios ciegos de las nuevas ideas, bienes y servicios generados por los grupos de poder, acabe convirtiéndose en una nueva forma de sometimiento.

Resaltar las ideas anteriores resulta especialmente pertinente en el caso de España, donde, por diversas circunstancias, todavía hoy sigue sin apreciarse en su justo valor la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) como mecanismos de progreso, bienestar y libertad. Salvo en momentos muy excepcionales, y hasta muy entrado el siglo XX, ni los poderes públicos ni el sector privado demostraron un especial interés por apoyar e impulsar la investigación científica y la educación, más allá de las tópicas declaraciones de principios.

Es a partir de los años ochenta cuando en distintos estamentos de la sociedad española se empieza a considerar que el futuro del país, su avance socioeconómico, cultural y democrático está íntimamente ligado a la generación de nuevas ideas y de conocimiento. Es entonces cuando el Gobierno emprende acciones para fomentar y apoyar la investigación científica y tecnológica.

En este sentido, destacan los motivos que exponía la Ley de la Ciencia de 1986: «La investigación científica y el desarrollo tecnológico se han desenvuelto tradicionalmente en España en un clima de atonía y falta de estímulos sociales, de ausencia de instrumentos que garantizasen la eficaz intervención de los poderes públicos [...] Si conocidos son los males que esta situación ha acarreado para las posibilidades de progreso técnico, modernización y racionalización de los hábitos y actitudes de la sociedad española, en el pasado, los riesgos que en el inmediato futuro derivarán de la persistencia de un estado de cosas semejante apenas precisan ponderación».

A pesar de que la citada ley impulsó el avance científico y la modernización del modelo de desarrollo económico y social, pasados más de treinta años la ciencia en España sigue pidiendo a gritos un profundo replanteamiento, tanto en el plano conceptual como en el procedimental. Dedicaremos este artículo a analizar la situación actual de nuestro sistema de ciencia y a proponer algunas líneas de mejora. Pero antes, recordemos cuáles son las razones básicas de la intervención pública en materia de I+D+i y las particularidades de su planificación.

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