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El precio de contaminar

Una combinación de modelos matemáticos y decisiones políticas puede determinar un impuesto viable para reducir las emisiones de CO2.

KATIE EDWARDS

En síntesis

Los economistas coinciden en que la forma más eficaz de reducir las emisiones de dióxido de carbono es mediante un impuesto. Los que han aprobado algunos países van desde menos de 1 dólar hasta 121 dólares por tonelada de CO2.

La clave para fijar un tipo impositivo es calcular el coste social del carbono, que depende de la tasa de descuento aplicada a las inversiones, el daño que las emisiones infligirán a la economía y el riesgo de que ocurran desastres.

Los responsables políticos pueden ver un impuesto sobre el carbono como un instrumento para reducir las emisiones, generar ingresos o protegernos de futuras catástrofes.

Si le preguntamos a un economista cómo combatir el cambio climático, dirá que la estrategia más eficaz es poner precio a las emisiones de gases de efecto invernadero, preferiblemente a través de un impuesto sobre el carbono. Esta respuesta refleja un principio económico básico: los residuos generados en cualquier ámbito conllevan un coste que hay que sufragar. Pagamos por deshacernos de nuestra basura o depurar las aguas residuales, y también deberíamos pagar por el dióxido de carbono que producimos en actividades como la quema de combustibles fósiles.

Podemos poner precio a la contaminación por medio de un impuesto sobre el carbono o de un programa de «topes y transacciones», como el que han adoptado los países europeos para centrales eléctricas y fábricas. Este sistema fija un límite de emisiones totales, de modo que a algunas empresas les resulta rentable contaminar menos y vender sus derechos de emisión, para que otras firmas puedan seguir liberando gases sin que el conjunto de participantes sobrepase el máximo establecido. Pero los precios de estos acuerdos han demostrado ser volátiles, así que se requiere mucha supervisión para evitar problemas.

¿Por qué molestarse? Un impuesto sobre el carbono hace que el precio de las emisiones resulte más diáfano, un aspecto que valora la comunidad empresarial. Y muchos países ya cuentan con un sistema tributario bien desarrollado y que recauda sin contratiempos impuestos especiales sobre diversos combustibles fósiles.

Ese tipo de razones han llevado a economistas como Gregory Mankiw, que presidió el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca durante el mandato de George W. Bush, a abogar de manera decidida por un gravamen sobre el carbono. El Consejo de Liderazgo Climático, un instituto de política internacional, publicó en 2019 un manifiesto que esgrime que «un impuesto al carbono constituye el instrumento más rentable para reducir las emisiones de carbono a la escala y velocidad necesarias». En el momento de redactar este artículo, ya lo han firmado 3589economistas, incluidos los tres expresidentes vivos de la Reserva Federal, 27 premios Nobel y 15 expresidentes del Consejo de Asesores Económicos. La forma en que Estados Unidos aborda el cambio climático se ha convertido en un eje principal de la campaña presidencial, y se han presentado ocho proyectos de ley en el Congreso (incluido uno con 80 proponentes) para poner precio a la contaminación por carbono, en siete de ellos mediante un tributo.

Aun así, establecer un impuesto sobre el carbono requerirá un gran impulso político. Si se presenta la oportunidad, climatólogos, economistas y políticos deben estar preparados para aprovecharla. Tendrán que hacerlo bien a la primera. Y tendrán que justificar la elección de un tipo impositivo concreto. Determinar ese tipo parece sencillo: el precio de una tonelada de CO2 debe equivaler a los daños que produce su liberación. Pero ¿cómo los evaluamos?

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