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1 de Febrero de 2008
Economía

Los mercados del carbono

La regulación de las emisiones de dióxido de carbono debe guiarse por señales de mercado más inteligentes y rigurosas.

El comercio de los derechos de emisión del carbono intenta reducir las emisiones de gases de invernadero al menor coste posible. [JAMES PORTO]

En síntesis

Para evitar graves trastornos climáticos, debe cesar el aumento de las emisiones de dióxido de carbono.

Resulta eficaz gravar con impuestos las emisiones de carbono, pero consideraciones políticas desaconsejan tal solución en EE.UU. Sería más práctico un mercado federal de «topes y transacciones», en el que los contaminadores adquieran derechos de emisión y elijan la manera de cumplir sus objetivos de reducción.

Para que logren sus propósitos, debe vigilarse los mercados del sistema de topes y transacciones con mucha atención. No pueden realizar su labor sin políticas complementarias relativas a las emisiones. Un análisis detallado del actual mercado del carbono en la Unión Europea ofrece ideas interesantes.

Es muy probable que los seres humanos calentemos el clima de la Tierra durante este siglo hasta niveles preocupantes. La mayor parte del dióxido de carbono (CO2) acumulado en la atmósfera procede de la quema de combustibles fósiles. Sin embargo, no basta con que se creen fuentes de energía más limpias. El mayor peligro estriba en no saber concebir instituciones y políticas que inciten a las empresas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Es un reto formidable. La energía tradicional, obtenida de combustibles fósiles, es tan abundante y barata, que sus alternativas ecológicas tienen pocas esperanzas de aceptación sin el apoyo del poder político. Desgraciadamente, casi dos décadas de negociaciones sobre tratados limitadores de las emisiones globales han dado escasos frutos. Pero en Europa y otras regiones, más preocupadas por el cambio climático, los gobiernos han adoptado iniciativas de las que se desprenden lecciones sobre el mejor modo de refrenar las elevadas dosis de carbono que la atmósfera del planeta ha de ingerir.

En particular, los políticos de EE.UU., donde históricamente se ha emitido más CO2 que en cualquier otro país, pueden aprender mucho de los recientes esfuerzos europeos por crear mercados que recorten las emisiones carbónicas, analizando los casos en que han logrado éxito o han sido insuficientes.

Hasta hace muy poco, el debate sobre la creación de instituciones protectoras del clima se mantenía casi enteramente a un nivel global. Se suponía que bastaban los acuerdos internacionales para influir positivamente en el clima, ya que las actividades que lo modifican son de ámbito mundial. Si los gobiernos nacionales tuvieran que actuar por su cuenta, sin coordinación global, las industrias solo tendrían que trasladarse a donde hubiera una normativa más tolerante.

Esta hipótesis globalista guió la negociación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en 1992, que pedía a todos los países que abordaran de buena fe el problema del clima y creaba una organización supervisora del cumplimiento de los términos del tratado. De ahí surgieron nuevas tentativas de acuerdo climático, al fin recogidas en el Protocolo de Kioto de 1997. Según el mismo, el mundo industrializado —es decir, EE.UU., la Unión Europea, Japón y Rusia— aceptaba, en principio, obligaciones, adaptadas a las circunstancias de cada firmante, que en caso de cumplirse reducirían las emisiones industriales en un promedio cercano al 5 por ciento con respecto a los niveles de 1990. Pero los países en vías de desarrollo, que daban prioridad máxima al crecimiento económico sin trabas en el gasto de energía, se negaron a aceptar límites a sus emisiones.

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