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1 de Abril de 2016
Tecnología de la información

Una estrategia para la era digital

Una hoja de ruta para evitar el retroceso de la democracia en la sociedad de la información.

En síntesis

El mal uso de los macrodatos y de la inteligencia artificial puede derivar en una merma efectiva de los derechos civiles. Para evitarlo, la sociedad, los Gobiernos, las empresas y el mundo académico deben tomar conciencia del problema y actuar en consecuencia.

Los Estados deberían comenzar a trabajar en un marco regulador que garantice a los individuos el acceso a la información que se recopila sobre ellos. La gestión de esa información debe ser transparente y su uso no autorizado debería estar castigado por ley.

Los sistemas educativos deberían fomentar un uso crítico y responsable de la tecnología digital. La sociedad civil debería contribuir a la innovación y a la solución de problemas globales mediante plataformas participativas que fomenten la colaboración y el debate.

Los macrodatos y la inteligencia artificial suponen, sin duda, innovaciones importantes. Cuentan con un enorme potencial como catalizadores de la creación de valor económico y progreso social, y actúan en ámbitos tan variados como la atención sanitaria o las ciudades sostenibles. Sin embargo, resulta inaceptable usar estas tecnologías para incapacitar a los ciudadanos. Las técnicas de manipulación digital y las «puntuaciones ciudadanas» hacen un uso abusivo de los datos personales, los cuales emplean para ejercer un control del comportamiento que presenta tintes totalitarios. Este proceder no solo es incompatible con los derechos humanos y los principios democráticos, sino inadecuado para gestionar sociedades modernas e innovadoras. Para resolver los verdaderos problemas a los que se enfrenta el mundo, necesitamos mejoras en los campos de la información y de la gestión del riesgo. Ya existen áreas de investigación e iniciativas innovadoras que ejemplifican cómo los macrodatos y la inteligencia artificial pueden usarse en beneficio de la sociedad.

¿Qué hacer, pues? En primer lugar, incluso en estos momentos de revolución digital, deberían protegerse los derechos fundamentales de los ciudadanos, ya que estos constituyen un prerrequisito funcional básico de una sociedad moderna y democrática. Para ello es necesario elaborar un nuevo contrato social basado en la confianza y en la cooperación, que no considere a los ciudadanos y a los clientes como obstáculos o como recursos que pueden explotarse, sino como compañeros de viaje. El Estado debería proporcionar un marco regulador adecuado que permitiese la compatibilidad de la tecnología con la democracia. Esas reglas deberían garantizar la autodeterminación informativa no solo en teoría, sino también en la práctica, ya que constituyen una condición previa para conducir nuestras vidas de manera responsable.

Asimismo, deberíamos tener derecho a una copia de la información personal que se ha recopilado sobre nosotros. Habría que regular por ley la obligación de que esta información se enviara automáticamente, en un formato estandarizado, a un buzón personal de datos mediante el cual los individuos pudiesen supervisar el uso que se hace de ellos. Para asegurar una mayor privacidad y evitar la discriminación, el uso no autorizado de datos tendría que estar castigado por ley. De este modo, cada individuo podría decidir quién puede usar su información, con qué propósito y durante cuánto tiempo. Además, deberían tomarse medidas adecuadas para garantizar que los datos se almacenan y se intercambian de forma segura.

Con sistemas de reputación avanzados, que tengan en cuenta múltiples criterios, podría mejorarse la calidad de la información en que se basan nuestras decisiones. Si el usuario pudiera seleccionar y configurar los algoritmos de filtrado, recomendación y búsqueda de datos, en vez de que lo haga el proveedor, estaríamos menos expuestos a la manipulación que se ejerce mediante una información distorsionada. Además, necesitamos un procedimiento eficaz para que los ciudadanos puedan presentar reclamaciones, así como sanciones efectivas ante el incumplimiento de las normas. Por último, para crear la transparencia y confianza suficientes, las principales instituciones científicas deberían actuar como depositarias de la información y de los algoritmos, que actualmente escapan al control democrático. Ello también requeriría un código de conducta adecuado que, como mínimo, deberían cumplir todos los que tuviesen acceso a información y algoritmos delicados: una suerte de «juramento hipocrático» para los profesionales de la tecnología de la información.

Es necesario diseñar una hoja de ruta digital para establecer las bases de nuevos perfiles profesionales y del futuro de la sociedad digital. Cada año invertimos miles de millones en el sector agrícola y en infraestructuras públicas, escuelas y universidades para beneficio de la industria y del sector servicios. ¿Qué sistemas públicos necesitaríamos para garantizar el éxito de la sociedad digital?

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