Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y facilitarte el uso de la web mediante el análisis de tus preferencias de navegación. También compartimos la información sobre el tráfico por nuestra web a los medios sociales y de publicidad con los que colaboramos. Si continúas navegando, consideramos que aceptas nuestra Política de cookies .

1 de Marzo de 2016
Política científica

¿Quién debe financiar la investigación básica?

Si los Gobiernos no destinan recursos a ella, la ciencia se estancará.

© CHEREZOFF/ISTOCKPHOTO

El 2 de diciembre de 2015, centenario de la publicación de la teoría de la relatividad general de Einstein, aficionados a la ciencia de todas partes reflexionaban sobre este asombroso acto de genialidad. Sin embargo, no es que la teoría naciera en un momento de inspiración, ya formulada por completo. Albert Einstein trabajó en ella durante años. Finalmente se vio empujado a concluirla por una feroz rivalidad (dentro de cierto compañerismo) que mantenía con el matemático David Hilbert [véase «Einstein y la invención de la realidad», por Walter Isaacson; Investigación y Ciencia, noviembre de 2015].

Si se examina la historia detallada de casi cualquier descubrimiento científico o invento tecnológico icónico —la bombilla, el transistor, el ADN, incluso Internet—, uno se encuentra con que los nombres famosos a los que se atribuye el logro tan solo iban unos pocos pasos por delante de un grupo de competidores. Recientemente, algunos autores y dirigentes electos han usado este fenómeno, denominado innovación paralela, para defender posturas en contra de la financiación pública de la investigación básica.

El divulgador británico Matt Ridley, por ejemplo, afirma en su nuevo libro, The evolution of everything (Harper, 2015), que los Gobiernos se interponen en el camino de la evolución natural de la ciencia y la invención. Numerosos miembros del Congreso de Estados Unidos se muestran de acuerdo. Se destina demasiado dinero de los contribuyentes a la ciencia, declaran algunos políticos. El Gobierno debería desentenderse y dejar que las empresas financien las investigaciones que necesiten.

Esos argumentos incurren en un peligroso error. Sin ayudas públicas, gran parte de la investigación científica básica jamás se produciría. Y eso a pesar de que ha brindado inmensos beneficios intelectuales, como el trabajo que nos ha traído el bosón de Higgs, el conocimiento de que un agujero negro supermasivo ocupa el centro de la Vía Láctea, o el descubrimiento de mares de metano en la superficie de la luna de Saturno Titán. Este tipo de estudios solían llevarse a cabo en las instalaciones de investigación de las empresas: la prueba experimental de la gran explosión (big bang) se halló en los Laboratorios Bell, de AT&T, lo cual desembocó en un premio Nobel. Generó prestigio, pero no fue rentable. Esos días ya han pasado.

Artículos relacionados

Puedes obtener el artículo en...

¿Tienes acceso?

Los boletines de Investigación y Ciencia

Elige qué contenidos quieres recibir.